Por Rosina Erramuspe
Un Comité Técnico Consultivo impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), comenzó a trabajar en agosto de 2010, durante cuatro meses, para discutir una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Uruguay. Las declaraciones del Presidente de la República José Mujica a un medio argentino, un día antes de la última reunión, causaron sensaciones de “sorpresa” y “desconcierto” en sus integrantes, ya preparados para elaborar el informe final con las conclusiones del proceso.
“La convergencia tecnológica ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar el marco regulatorio asociado, debido al relativo atraso y las carencias de nuestra actual legislación para responder y anticiparse a los rápidos y a veces dramáticos cambios que genera”.(1)
Antes de los años ochenta, las imágenes que consumimos los uruguayos pertenecían a una amplia gama acromática -desde el blanco más limpio al negro más invisible-. Y no pedíamos más. Las radios AM y FM en su amplia mayoría ofrecían contenidos nacionales y locales. En los noventa aparece la televisión por cable, primero en el interior del país, luego en la capital. De dos, tres, cuatro canales en blanco y negro pasamos a un sinfín de canales a puro color, con todo tipo de contenidos, nacionales e internacionales. No mucho tiempo después aparece la Internet, los celulares… los celulares con Internet. Ahora podemos ver y escuchar radio y televisión, por celular y por Internet, mientras chateamos con un amigo en Noruega, recibimos una foto de una prima que está de vacaciones en Polinesia y estamos al tanto del minuto a minuto de la vida de quien queramos vía Facebook o Twitter. En cuatro años la televisión analógica quedará obsoleta dejándole vía libre a la televisión digital, veremos todo en alta definición, y quién sabe qué seguirá en la próxima década.
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se desencadenó una gran preocupación en Uruguay -y en otros países de Europa y América- por la imposibilidad de regular servicios de comunicación actualizados con leyes desactualizadas. De este modo los gobiernos se han visto obligados a rever su situación con el fin de lograr de forma rápida y eficaz una respuesta a estos cambios. “Hay dos tipos de elementos en juego que llevan a pensar en la necesidad de una reforma de la legislación en nuestro país. Uno, que es una legislación que ya era inadecuada hace tiempo, y el tiempo la ha hecho aún más inadecuada. Estamos en una época de fuerte convergencia tecnológica donde hay una serie de nuevos medios que no fueron pensados en la legislación que está vigente y que fueron incorporados de modos muy sui generis sin pensarlos integralmente”, explica Gabriel Kaplún, presidente del Comité Técnico Consultivo (CTC) para la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y Director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) de la Universidad de la República.
El Informe-Síntesis del CTC, antes de marcar lineamientos y objetivos principales, define Servicios de Comunicación Audiovisual como “un servicio cuya principal finalidad es proporcionar programas con objeto de informar, entretener o educar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, de televisión o radiodifusión sonora por medio de una oferta estable y permanente de contenidos, sobre la base de un horario de programación”. Gabriel Kaplún traduce la definición “a la radio y la televisión tal cual las conocemos, abiertas. También comprende a la televisión para abonados, sea por cable físico, sea por aire, es decir, todos los sistemas de televisión de pago; y ya se adelanta a un fenómeno que existirá en breve y otro que ya existe -aunque tiene un desarrollo todavía más embrionario- que es la televisión digital por un lado, y por otro lado la televisión por internet, IPTV y todos los sistemas similares (radio por internet y demás)”.
En ese entonces, esta definición fue de común acuerdo de la gran mayoría de los integrantes del Comité, compuesto por personas que, si bien su participación fue a título personal, cumplen roles dentro de organizaciones profesionales, empresariales, académicas y de la sociedad civil. Entre otros participaron la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU), la Asociación de Radios del Interior (RAMI), la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), la Cámara Audiovisual del Uruguay (CAU), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la Coalición por una Comunicación Democrática, la Agencia Voz y Vos y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
Este último fue el organismo estatal que dio origen al Comité, cuyo trabajo de discusión está precedido por un documento base, elaborado y presentado por el Director de la DINATEL, Gustavo Gómez, quien asumió el cargo en el período actual de gobierno del Frente Amplio (FA). Y “con él al frente”, indica Gabriel Kaplún, “la Dirección toma iniciativas como no las tomó en el período anterior. Una parte de ese tiempo porque ni siquiera tuvo nadie a su frente, no existió como tal esa Dirección, y cuando finalmente lo tuvo, tuvo una fuerza prácticamente débil en cuanto a recursos y demás”. Hasta el año 2005 la Dirección de Comunicaciones estuvo en el Ministerio de Defensa durante más de veinte años, “desde la época de la Dictadura”. El entonces Presidente de la República Tabaré Vázquez ubica la Dirección en el Ministerio de Industria, pero en 2005 y en 2008 prácticamente no funcionó. Recién a fin del 2008 comenzó a funcionar con muy poquitos recursos, y recién en el 2010 comenzó a funcionar, en el segundo gobierno del FA que le da un poco más de recursos y un impulso más fuerte”.
Gustavo Gómez viene de la sociedad civil, fue activista de radios comunitarias antes de asumir su cargo en el Gobierno, y “eso incide mucho en la visión que tengo de cómo construir una ley tan importante para el país, y no sólo importante para los operadores sino también para la gente”. Y aclara que “de alguna manera la construcción de la ley a partir de ese Comité y a partir de hacer un documento, y no presentar un proyecto de ley definido previamente, tiene que ver con esa impronta personal”. Gabriel Kaplún coincide al describirlo como “una persona que tiene una trayectoria importante en esta área y, hay que decirlo, una energía importante para tomar iniciativas”.
Formas y no contenidos
Fueron quince las reuniones donde el Comité debatió sobre los contenidos del documento base, Cómo garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios: aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión en Uruguay, del Director de la DINATEL Gustavo Gómez. El 6 de diciembre hubo una reunión especial para acordar la elaboración del Informe-Síntesis que sería presentado públicamente el 10. Un día antes de la última reunión, el Presidente José Mujica declaró ante el diario La Nación de Argentina que lo tenían “podrido” con las preguntas acerca de una “ley de medios”, que no le había llegado ninguna propuesta y que “el día que le llegue ya ha dicho que va a tirarla a la papelera”.
Estas declaraciones fueron “una sorpresa” para el CTC, declara su presidente Gabriel Kaplún. “Para nosotros fue difícil de entender. Mi hipótesis es que existió un desconocimiento por parte de la Presidencia del proceso que se había estado llevando y de sus características. Es un poco sorprendente que eso pase, el Presidente no debería estar desinformado sobre algo que había sido iniciativa de uno de sus ministerios y de sus Ministros. De hecho el Ministro nos dijo que él continuaba con la iniciativa muy poquitos días después de ese episodio, más allá de que también nos dijo que la última palabra la tendría el Presidente, como capitán de un equipo”. Posteriormente a este episodio, consultada la Senadora y Primera Dama Lucía Topolansky acerca del tema, declaró que el Presidente, entre tantas preguntas, lo asoció con el panorama argentino, y por eso dijo lo que dijo. “Las declaraciones del Vicepresidente de la República y las declaraciones de la Senadora Lucía Topolansky, que es además la mujer del Presidente, fueron muy claras en dejar entender que no iba a haber ninguna papelera para un proyecto de este tipo al menos, y que si las preocupaciones tenían que ver con la regulación de contenidos, no es ese el eje central, que sí era un eje central de la ley de cuotas”, aclara Kaplún.
La denominada “ley de cuotas”, fue un proyecto iniciado por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el período de gobierno de Tabaré Vázquez, “que básicamente se centra en, dejando las condiciones de uso del espectro radioeléctrico tal cual están, exigir cierta producción a cierto nivel, o ciertos contenidos de producción nacional, y a esa exigencia darle facilidades o condiciones para que se pueda desarrollar”, explica Pablo Álvarez, actual Director General de Secretaría del MEC. Se denomina ley de cuotas, porque se basa en el mecanismo de fijación de cuotas de pantalla, es decir, la obligación de exhibir cierto contenido, o porcentaje de contenidos, en ciertos medios de comunicación audiovisual.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la vecina República Argentina, sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, sí ha resuelto la regulación de contenidos mediante la adjudicación de cuotas de pantalla. “Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. Los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos. Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. (…) Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año”, indica un informe del Portal Público de Noticias.(2)
Pero este no es el caso de este lado del río. Ya desde el documento base aportado por el Director de la DINATEL podemos encontrar esta aclaración. “(…) lo primero que hay que afirmar, brevemente pero con contundencia, es lo que una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual no debe regular en materia de contenidos: no debe hacer control de ningún tipo que suponga una intromisión en la línea editorial de los programas informativos de los servicios regulados, no debe regular contenidos en el sentido de colocar exigencias y condicionamientos previos sobre la veracidad o no veracidad de la información y las opiniones (…) todos aspectos que podrían convertirse en restricciones ilegítimas al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información y la comunicación”.(3)
Precisamente este es el mayor fundamento que brindan las fuentes consultadas, así como el CTC lo marca como uno de los objetivos y principios generales de la Ley de SCA. Además de la promoción y protección de la libertad de expresión, el eje transita por la promoción de la diversidad de medios (públicos, privados y comunitarios), la no discriminación y la transparencia, siguiendo los estándares propuestos por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO.(4)
Respecto a esta cuestión existió otra contradicción con los comentarios del Presidente Mujica, al declarar fuentes del gobierno a La Diaria que no se va “a hacer ninguna ley que genere ninguna suspicacia de que se va a limitar la libertad de expresión”.
La CIDH declara en el artículo 13 referente a la libertad de expresión: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.(5) Y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, del mismo organismo, vuelve sobre este tema y declara: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.(6)
Además de estar inspirado en los preceptos de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, el CTC también se basó en los 16 Principios para una Comunicación Democrática(7), documento presentado oficialmente el 2 de diciembre de 2010 por la Coalición por una Comunicación Democrática, integrada por más de veinticinco organizaciones de la sociedad, entre ellas AMARC Uruguay, APU, la Agencia Voz y Vos por la infancia y la adolescencia, y organizaciones vinculadas a las minorías, “porque en realidad la democratización -o no- de las comunicaciones nos implica a todos, y especialmente a las minorías. Si hay algo que no hay hoy en los medios de comunicación es diversidad, y de lo que se trata es de generar condiciones para que esas minorías, niños y adolescentes, afro descendientes, minorías étnicas o culturales puedan expresarse”, indica Alejandro Albarracín, integrante de la Coalición y de la Agencia Voz y Vos, a quien también le resultó un poco chocante la actitud del Presidente con respecto a la ley de SCA, aunque le da otra lectura. “En la Coalición hubo personas y organizaciones que se calentaron mucho, y hubo personas, como yo, que hicimos una lectura de que es una tormentita y esto va a pasar, es una más de Mujica, y al mismo tiempo viendo críticamente también esas declaraciones no solo de Mujica sino también de Astori”.
Sin embargo, Alejandro Albarracín destaca que esa “tormentita” no trae buenas consecuencias, pues son el Presidente y el Vicepresidente de la República, y sus palabras precisamente no se las lleva tan fácilmente el viento. “Uno tiene que ser muy consciente desde el Gobierno, de que ese discurso construye realidad. Escuchar tanto del Presidente como del Vicepresidente 'la mejor ley es la que no existe', es terrible. Tan es así que en el documento base de Gustavo Gómez, él mismo en algún momento dice, y lo leo textualmente: 'en la reflexión actual respecto de la diversidad y el pluralismo en los medios como condición básica para una democracia sólida, existe la convicción de que sin un papel activo del Estado esos principios no podrán ser garantizados a toda la población. 'La mejor ley es la que no existe' no tiene más cabida, salvo para los zorros en el gallinero. Y esto es un documento del Gobierno”.
“El proyecto de ley no va en esa línea, no va en contra de la libertad de expresión, sino que va a favor de la libertad de expresión, de garantizarla, y no es una legislación que pretenda inmiscuirse en los contenidos periodísticos o editoriales de los medios”, indica el Director de la DINATEL Gustavo Gómez.
Por su parte Gabriel Kaplún da su impresión del caso: “Creo que ahí hubo un desconocimiento, creo que se ha jugado mucho en otros marcos legales y en otros contextos políticos, justamente de la Argentina pero también el de Ecuador y el de Bolivia, en el sentido de que las leyes de medios parecerían enfocarse hacia el control sobre los contenidos. Eso nunca estuvo en cuestión, si el Presidente no entendió, creo que le falta información”. Con respecto a la idea, que comparten quienes se han manifestado en contra de una nueva legislación, de que se estaría violando la libertad de expresión, Kaplún falla de la siguiente manera: “creo que es el leitmotiv de muchas discusiones en torno a este tema. Siempre ha sido un equilibrio difícil una regulación razonable de los medios y, a su vez, no solo no limita la libertad de expresión sino que la amplía”.
Cuando desde el diario La Nación le preguntan si no le preocupa el tema de los medios, el Presidente Mujica admitió que lo que le preocupa “es que los medios de Uruguay queden en manos de alguna multinacional de afuera”. Pablo Álvarez, desde el Ministerio de Educación y Cultura revela su percepción: “Imagino que el temor está dado por un elemento que se está dando en buena parte de América Latina, donde el control básico de los medios de comunicación está concentrado en muy poquitas manos de grandes medios o de grandes empresas multinacionales. Incluso en un mismo país puede haber diversidad de frecuencias, y las mismas pertenecen al mismo proyecto económico y, por lo tanto, evidentemente allí hay una pérdida importante de democracia, incluso desde el punto de vista más mínimo, la democracia estaría evidentemente violentada”.
En la posición de Gustavo Gómez, personal pero siempre de alguna forma enmarcada en su rol de Director, a lo que aspira “es a que haya más capacidad de ofertas para la gente, que haya más pluralismo en los medios de comunicación. Eso es un tema, particularmente en la televisión, que haya más competencia, más diversidad. Y eso no es que lo diga yo, lo ha dicho la izquierda durante muchísimos años, lo ha dicho el sector académico durante muchos años e incluso muchos actores empresariales que están vinculados al tema”.
Apagá la tele
Otro de los objetivos principales de una nueva ley de SCA es la “promoción de la responsabilidad social de los SCA, incluyendo la responsabilidad hacia las audiencias, los trabajadores, la comunidad en general y el medio ambiente. Para ello los SCA deberían contar con códigos de ética público y mecanismos de autorregulación como defensores de las audiencias o similares. En materia de responsabilidad de los SCA habrá que armonizar también esta ley con otras ya existentes referidas a protección a la infancia, derechos de las personas con discapacidad, protección del honor y la reputación, derechos del consumidor”.(8)
A este respecto hubiera sido prudente contar con el argumento de representantes de un canal privado, pero la vorágine de la nueva programación de cara al 2011 hizo imposible pactar un encuentro con Luís Castro, Gerente de Producción Nacional del Canal 10 de Montevideo.
Por su parte, el Presidente del Comité Gabriel Kaplún, considera que no se puede responder simplemente si hay o no hay responsabilidad, porque “esto es muy variado en cada medio, no creo que tengamos hoy maneras de evaluar eso con mucha precisión. Sí tenemos muchos la percepción de que no todos los medios manejan con la responsabilidad que debieran el instrumento que la sociedad les ha dado, sobre todo en el caso de los medios electromecánicos que están haciendo uso de un bien público. Y quien recibió un bien público tiene que usarlo con mucha responsabilidad”.
“Yo no los veo como un diablo”, expresa Alejandro Albarracín con respecto a los medios de comunicación nacionales. “Creo que hay ciertas debilidades, sí, creo que falta diversidad de contenidos, creo que vemos en casi todos los medios mucho de lo mismo, repetidas mil veces en formatos muy similares, la misma manera de hacer televisión, tanto como radio y prensa. Lo que falta en los medios centralmente es diversidad; diversidad de voces, diversidad de formatos, diversidad de temáticas, creo que estamos siempre hablando mucho de lo mismo, especialmente la televisión, que es terrible… Los informativos de televisión son terribles”. A su vez rescata la experiencia de Tevé Ciudad, que “en términos audiovisuales ha generado cosas nuevas”, y de TNU, que “ahora está haciendo un esfuerzo en colocar contenidos un poco diferentes”.
El Director Nacional de Derechos Humanos del MEC Javier Miranda declaró a La Diaria el 9 de diciembre que el país necesita una ley de medios que evite que “una manga de irresponsables” difundan violencia, y el Director General Pablo Álvarez concuerda con esta idea en el sentido de que “el estado de percepción social está claramente agravado por la producción de las noticias, de hechos de sangre. Me parece que el papel fundamental de la empresa de comunicación está concentrado en la producción de noticias. Y, evidentemente, allí hemos tenido un impacto importante del rol que nos juegan los medios de comunicación a la hora de establecer un estado de situación en algunas áreas de la vida social. Una de ellas, sin duda, ha sido la violencia, la seguridad, la inseguridad y la minoridad, no me cabe ninguna duda”.
Con cabeza propia
El tercer y último objetivo que plantea el Comité en su Informe-Síntesis -que posteriormente y al igual que los dos anteriores es desarrollado en su totalidad-, es promocionar, entre otras actividades, la educación de todos los ciudadanos para un consumo crítico y un uso creativo de los medios, la formación de los profesionales de los SCA con la más alta calidad técnica, comunicacional y ética, y la participación de los ciudadanos en el sistema regulatorio de los servicios a través de diversos mecanismos.
Gabriel Kaplún explica que dentro de esta línea, el capítulo que habla de medios y educación, “tiene que ver con cuestiones de educación de la ciudadanía para una mirada crítica sobre los medios de comunicación, tiene que ver con el papel educativo de los medios y tiene que ver con la formación de los profesionales de la comunicación. Esas tres cosas están contenidas en ese capítulo y da pistas e ideas de cosas para hacer en lo que se llama un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, que se puede desarrollar, aunque no hubiera una ley”.
“Creo profundamente en eso, pero también a veces creo que cuando pensamos en ese tipo de cosas es porque somos un poco soberbios”, expresa Pablo Álvarez con respecto al concepto de “educación de la ciudadanía para una mirada crítica sobre los medios…”, y continúa: ¿“Quién soy yo para decirle a alguien que está siendo acrítico con lo que está mirando? Me parece que es importante que un Estado piense también como actividad educativa el uso de las tecnologías de la comunicación o del entretenimiento. Ahora, también me parece un poco pedante decirle a alguien: “vos estás usando mal o estás usando bien la tele”. O sea, yo no me imagino a todos los uruguayos, día a día, mirando todas las películas de Dogma 95. Todo bien, me parece que es un debate válido, lo comparto profundamente, pero no dejo de ser autocrítico conmigo mismo de si en realidad atrás de eso no tenemos un poco de soberbia a la hora también de querer decir, desde otro lugar, qué está bien consumir y qué está mal”.
Kaplún, respondiendo a la opinión del Director General del MEC comenta que el objetivo “no tiene que ver con un 'adoctrinamiento', sino al contrario, tiene que ver con el ofrecimiento de un margen de mayor libertad”, y agrega: “¿Por qué no hay que alfabetizar también en materia de medios de comunicación? ¿Sólo porque somos usuarios y ya está? Yo creo que no es tan así. La mayor parte de los usuarios solamente usamos en el sentido del consumo, pero no en el sentido de ser también emisores. Esa es una pata que creo que hay que desarrollar mucho más y no creo que nadie pueda estar en desacuerdo con eso. Y con respecto a la mirada crítica, crítica no quiere decir 'piensa lo que yo pienso' sobre los medios, sino 'piensa con cabeza propia' sobre los medios, y para eso es muy útil poder entender más cómo los mensajes de los medios son construidos. Yo creo que hay una idea, equivocada, que sí viene de ese discurso negativo sobre los medios, que pretende inútilmente decirle a la gente que mire menos televisión porque le hace perder el tiempo, la idiotiza, etcétera. Ese sí es un discurso inútil; creo que este otro no”.
Agendalo
Los medios de comunicación no han avanzado más en estas cuestiones.
Luego de los dichos del Presidente, ya aclarados, y de la afirmación de que se continúa trabajando en la elaboración del proyecto de ley en el Ministerio de Industria, el tema se ha guardado en un cajón. Las personas consultadas creen que este tema debería estar inserto en la agenda, y que debe dar lugar a un debate público, a la generación de opinión por parte de la ciudadanía, que consideran además un papel importante en esta cuestión.
Alejandro Albarracín, de la Coalición por una Comunicación Democrática me cuenta que “en el proceso de discusión del CTC, cuando hubo alguna polémica, y vos veías lo que se publicaba en la prensa o lo que salía en la radio –en algunas radios no– pero en la televisión, siempre la fuente de información era el empresario, o personas del Partido Nacional o del Partido Colorado que están en contra de esto. Y nosotros muy pocas veces fuimos consultados como fuentes”. Y considera que “los medios públicos tienen la gran responsabilidad de colocar este tema en la agenda”. También aclara que ya ha habido conversaciones con los Directores de Tevé Ciudad y de TNU, “y sin duda ellos están afín de hacerlo”. Finalmente desafía a los medios de comunicación privados, canales, radios, prensa y portales de Internet a “mostrar que son plurales, porque si en el proceso de discusión le dan la voz a quien está en contra y no la voz a quienes estamos a favor, entonces ahí es la mejor demostración de que no están actuando con buena fe”.
Respecto a establecer este tema en la agenda pública, Gabriel Kaplún aspira a que eso pase “mucho más en los meses que vengan, cuando el proyecto esté elaborado, y todo eso ojalá que vaya generando un debate que, más allá del exabrupto del Presidente, haga que conjuntos uruguayos y en particular la fuerza política que hoy está en el Gobierno tenga una discusión más a fondo sobre un tema que yo creo que conoce poco o conoce mal. Ojalá termine en una buena ley. Pero aunque no termine, que genere una discusión que hacía falta”.
Gustavo Gómez cuenta que desde el 10 de diciembre del año pasado en adelante, ha habido “mucho trabajo de elaboración interna.” Destaca el “insumo muy bueno de parte del CTC”, que si bien no es el único, es el que la DINATEL tomará en cuenta para redactar “un primer borrador de anteproyecto de ley que será presentado, luego de varias revisiones, al Presidente de la República en el segundo trimestre de este año, que es el compromiso que tomó el Ministro con el CTC el año pasado”.
“No llegamos a utilizar la televisión digital cuando ya cambiamos de norma…”, expresa Pablo Álvarez, refiriéndose a que “en algunos elementos estamos llegando tarde, en otros nos anticipamos correctamente. Con aquellos sectores que ya están fuertemente instalados en el país como son la televisión y la radio necesitamos claramente una ley. Creo que hay que empezar ya”.
Legislar o no legislar. Esa parece ser la cuestión en un país que mira al oriente de la televisión digital.
Referencias:
(1) Gómez Germano, Gustavo. Cómo garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios: aportes para la
revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión en Uruguay. Mayo, 2010.
(2) www.argentina.ar/_es/pais/nueva-ley-de-medios/C2396-nueva-ley-de-medios-punto-por-punto.php
(3) Gómez Germano, Gustavo. Cómo garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios: aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión en Uruguay. Mayo, 2010.
(4) Tanto el Informe-Síntesis como las Actas de cada reunión se encuentran disponibles en la web de DINATEL, el blog de la Coalición por una Comunicación Democrática, y la web de AMARC, entre otros.
(5) www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=25&lID=2
(6) www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=26&lID=2
(7) Los 16 Principios para una Comunicación Democrática se pueden descargar del blog http://comunicaciondemocratica.blogspot.com/
(8) Informe-Síntesis del Comité Técnico Consultivo para la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aprobado por el Comité el 6 de diciembre de 2010.
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Rosina Erramuspe Arreseigor
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